Saltarse la cola de las vacunas es el acto más antisocial, irrespetuoso e insolidario que puede producirse en tiempos de pandemia. Las vacunas tienen sus prioridades con la población de mayor riesgo por edad, patologías y servicios esenciales, por tanto todos los ciudadanos debemos respetar las prioridades que las autoridades sanitarias establecen para ponerse la vacuna contra la Covid-19, incluyendo también a los ciudadanos Borbones, si se consideran españoles, como son el rey emérito y las infantas Cristina y Elena.
Entrar a vacunarse por la puerta de atrás, aprovechando sus privilegios y posición social y económica, no es dar un ejemplo de ciudadanía; ellos no conocen la realidad o no les importa los riesgos de las personas mayores o enfermos.
Mientras todos esperamos, los miembros de la familia real se inmunizan con la vacuna china en un país que ni siquiera tiene previsto administrarla a otros ciudadanos que no sean de los Emiratos Árabes, alegando que para ver a su padre Juan Carlos le habían ofrecido la posibilidad de vacunarse. Esa es la despreciable excusa para justificar ese acto tan vomitivo. Hay muchos millones de hijos en España que no pueden ver a sus padres en las residencias mientras aguardan pacientemente que les llegue su turno de vacunación. Pero claro, ellos no tienen esos recursos que tienen los Borbones para aprovecharse de su estatus social y conseguir favores.
Por esa misma razón, si le ofrecen la posibilidad de quedarte con un porcentaje de la inversión del AVE a la Meca, pues está justificado, si le ofrecen la posibilidad de esconder su fortuna en paraísos fiscales para no pagar a Hacienda, pues está justificado y si además las actuaciones que haga durante su reinado son inviolables, pues también está justificado.
Nadie mejor que quien comete estos actos, está haciendo mayor propaganda para que el pueblo reniegue de un sistema monárquico como el que tenemos. Hay que cambiar ya la ley para dejar de ser inviolable el rey en sus actos privados, como cualquier ciudadano de este país.
De todas formas deberá ser la justicia, que se supone igual para todos, quien decida por los actos delictivos y por tanto condenables de los Borbones y deberá ser la Hacienda Pública quién le ajuste las cuentas a los defraudadores y evasores fiscales, como a todos nos haría en ese caso.

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